El Gobierno nacional rescindió este jueves los contratos denominados de Participación Público Privada (PPP) para construir autopistas, en acuerdo con las empresas concesionarias. El PPP fue una fracasada iniciativa del ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que dedicó más de un año y millonarios recursos a un sistema muy polémico por los costos financieros astronómicos que genera, al punto que en el Reino Unido, su país de creación, recibió criticas demoledoras del Parlamento británico.

Al hacer el anuncio, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo que el «esquema público-privado del macrismo fue un fracaso y era ruinoso para el Estado, ya que beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron».

«El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía y esos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos», agregó Katopodis en su cuenta de Twitter.

De esa forma, el Ministerio de Obras Públicas llegó a un acuerdo con la contratista a cargo de los corredores E y F, en el marco de un proceso de extinción de los contratos que comenzó en mayo con la intimación a las empresas concesionarias de seis corredores viales.

Así, a dos años de la fallida implementación del esquema de PPP, diseñado en la gestión del ex presidente Mauricio Macri, el Gobierno actual inició un proceso de rescisión de los contratos con las empresas que están a cargo de las concesiones de seis corredores viales, frente a la detección de «irregularidades e incumplimientos por parte de las concesionarias en sus obligaciones».

El 27 de mayo pasado, en ese marco, se intimó a las empresas de los seis corredores viales a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos; y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindir los contratos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.

En ese plano, el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, llegó a un acuerdo con la contratista PPP conformada por Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, Copasa (España), a cargo de los corredores E y F, para la extinción de los contratos. El Corredor E abarca las Rutas 9 (Autopista Campana – Rosario) y la Ruta 183, en Buenos Aires; la 11, la 34, la A-008 y la A-012 en Santa Fe; mientras que el Corredor F comprende la Ruta 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta 33.

En conjunto, los seis proyectos prometían una inversión de US$ 5.400 millones en cinco años para la construcción de 3.400 km de autopistas y rutas. Sin embargo, el costo total era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre US$ 10.000 y US$ 13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país. 

De esta manera, este mecanismo de contratación traía aparejado un costo adicional a la construcción de las rutas por el impacto del costo del financiamiento. Asimismo, estos contratos se realizaron en dólares, tanto para el costo del financiamiento como para la ejecución física de las obras, una política que podría perjudicar la administración de las divisas de la Nación, debilitando las reservas del Banco Central. 

Los contratos incluían, además, la concesión gratuita de la explotación de las áreas comerciales (fundamentalmente estaciones de servicio para venta de combustibles y alimentos). De esta manera, los contratistas han estado percibiendo los beneficios producto de las concesiones desde agosto de 2018. 

Actualmente, el nuevo cronograma de avance de obras dispuesto en la adenda tampoco se cumplió y en algunos casos la parálisis es total. Las empresas tampoco han podido realizar el cierre financiero, es decir que el financiamiento privado para las obras sigue sin concretarse, ni han cumplido con el incremento del monto de la garantía de cierre financiero de acuerdo a lo estipulado en los contratos. 

Además, antes de fin de año, se licitan 5 obras en estos corredores que estaban previstas y nunca se hicieron. Son terceros carriles, ensanches, construcción de nuevos puentes y repavimentación de grandes tramos. Realizadas por Vialidad Nacional le van a ahorrar 5.000 millones de pesos (unos 68 millones de dólares) al Estado, comparando con los presupuestos presentados en el sistema PPP de estos 2 corredores.