El procurador general porteño, Gabriel Astarloa, consideró que la Corte Suprema debe expedirse de «forma urgente» sobre el reclamo que hizo la Ciudad sobre la reasignación de fondos coparticipables que dispuso Nación. En el gobierno porteño confían el máximo tribunal tome el mismo camino que cuando falló en forma favorable a Santa Fe y Entre Ríos en casos similares.

Los impuestos coparticipables se giran en forma diaria por «goteo» a las 24 provincias argentinas. En la Ciudad sostienen que desde la firma del decreto de reasignación de fondos semanas atrás, al distrito dejaron de ingresarle 150 millones de pesos diarios.

Por eso el gobierno porteño presentó una cautelar a la Corte para que frene la aplicación del decreto, reactive el goteo a las arcas capitalinas y reintegre los fondos que dejaron de ingresar.

«Pedimos es que se recomponga la integralidad de los fondos del tesoro local, la restitución de los fondos ilegítimamente retraídos y que se declare inconstitucionalidad y nulidad del decreto».

Hay varios fallos de la Corte, son precedentes que van en la línea de fortalecer el federalismo fiscal. Esas sentencias buscan acentuar el carácter convencional del federalismo fiscal y la validez de los pactos que respaldan la posición de la Ciudad, como los casos de Entre Ríos y San Luis y Santa Fe entre otros», explicaron a este sitio desde Parque Patricios. Esas sentencias le impiden a Nación modificar coeficientes sin el acuerdo de las dos partes.

En el gobierno porteño apuntaron a fallos recientes de la Corte. Mauricio Macri tras su derrota en las PASO decidió la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la reducción al 0% del IVA a los alimentos de la canasta básica hasta el 31 de diciembre.

En esa ocasión el Máximo Tribunal les dio la razón a los argumentos de Entre Ríos. Desde la provincia mesopotámica habían planteado que el Poder Ejecutivo «detrajo unilateralmente montos de la masa de recaudación de impuestos coparticipables, sin tener competencia para ello».

En el caso de Santa Fe y San Luis, la Corte falló contra el gobierno nacional en noviembre de 2015. Con el voto de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal declaró inconstitucional «la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables» del «Estado Nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la ANSES».

Se trataba de un acuerdo de 1992 que fue prorrogado por todos los gobiernos mediante pactos intrafederales hasta 2006. Pero cuando los acuerdos estaban vencidos Néstor Kirchner extendió el «el plazo de esa deducción de manera unilateral mediante el dictado de la ley 26.078», cuyo artículo 76 fue declarado inconstitucional por la Corte nueve años después de su puesta en práctica. Lo curioso es que el fallo fue contra el gobierno de Cristina Kirchner, pero comenzó a aplicarse durante la gestión de Macri. En una entrevista con Radio Rivadavia, Astarloa señaló que «ahora le toca a la Corte Suprema entender directamente en el asunto de la copartipación», luego de que el jefe de fiscales interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminara que el máximo tribunal es competente para expedirse sobre el reclamo, aunque el funcionario de la Ciudad reconoció que «no tiene plazos para fallar al respecto”.