La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados tuvo su primera reunión informativa sobre la ley que restringe la creación de sociedades de acción simplificadas (SAS) por un día, promovida por el senador Oscar Parrilli, y chocó con el rechazo del bloque de José Luis Ramón, aliado clave para que el Gobierno alcance la mayoría.

«Este proyecto es técnica y políticamente improcedente. En mi provincia (Mendoza) y en Misiones hay emprendimientos de la economía del conocimiento y el 80% son SAS», se molestó Ramón y anunció que sus 8 dirigidos no acompañarán y por lo tanto no tendrá mucho sentido que la ley llegue al recinto.

Sin esos votos, el Frente de Todos necesita la asistencia perfecta del interbloque federal, el combo de lavagnistas, schiarettistas y socialistas santafesinos que suele negociar hasta el último día cada ley. La bronca de Ramón, de diálogo permanente con Sergio Massa, es que la ley suspende por 6 meses la creación de SAS hasta tanto se cree un registro de emprendedores en la secretaría de pymes. 

Mientras tanto, el proyecto propone que la Inspección General de Justicia (IGJ) absorba el registro digital, centralice y supervise de cerca las nuevas empresas, que bajo este sistema, creado en la ley del emprendedor, pueden crearse en un sólo día y con capital mínimo. Según el titular del organismo, Ricardo Nissen, sirvió para operaciones de lavado de activos y evasión y lo mejor es ponerle un freno. 

«Llegaron a inscribirse profesionales y así todos somos emprendedores. Por eso es bueno un registro. Estos años se constituían empresas con un capital irrisorio y a los 10 o 15 días se invertían millones de dólares. Eso es simple y sencillamente un fraude espurio y un abuso de derecho», disparó Nissen.

Durante Gobierno de Mauricio Macri las SAS las controló el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra. En el debate en el Senado, Parrilli las definió como un vehículo predilecto para abrir empresas vinculadas al narcotráfico y el levado y este lunes fue respaldado por algunos especialistas, como Leopoldo Burghini, abogado y experto en derecho societario de la Universidad Nacional de Córdoba.

«Como quedó la ley, pueden constituir una SAS con 1500 millones de pesos y no tener el mínimo control interno ni externo. Y hasta se le permite hacer oferta pública de acciones, cuando su estado contable es el mismo que el de una persona físico. Es un despropósito».

Pero otros invitados por Cambiemos respaldaron el sistema como está y advirtieron sobre un escollo más para crear empresas en tiempos de crisis. «Esta ley viola derechos adquiridos hace 3 años. Las SAS están obligadas a hacer un control en la AFIP de la misma manera que las SRL no lo hacen ante el Registro Público», sostuvo Alejandro Ramírez, Profesor de Derecho Societario de la Universidad Austral.

«El lavado de activos y evasión tributaria no se detecta en la constitución de sociedades sino en el núcleo de la actividad delictiva. Hay que ir a cuando se lleva a cabo el delito. Tiene que actuar la AFIP y los organismos de control. La figura societaria que se elija no hace al delito», sostuvo Alejandro David, especialista en prevención de lavado de activos. El abogado mendocino Fernando Pérez Hualde sostuvo que en 2019 en su provincia el 80% de las empresas nuevas fueron SAS y advirtió sobre una posible violación de la constitución, por entrometerse en el registro de empresas de las provincias. «Tienen que proteger al que aporta una idea. El viejo régimen societario es de 1972: es un ford falcon viejo». Su coterráneo Luis Petri, de la