Con un 100 por ciento de sobrepoblación, las cárceles de la provincia de Buenos Aires atraviesan un proceso crítico, donde se agravaron los históricos problemas estructurales, tales como el hacinamiento, las condiciones de salud y alimentación de los reclusos, falta de respuestas a los reclamos que derivan en protestas y huelgas de hambre y las infaltables situaciones de violencia, constituyendo violaciones a los más elementales derechos humanos.

La pandemia agravó la situación

Si bien las cifras de detenidos siempre se mantuvieron altas, sobre todo en aquellos sin condena o sentencia firme, en la actualidad muchas de estas cuestiones se han visto profundizadas por efecto de la pandemia por el coronavirus. Esto ha motivado cuestionamientos a un sistema que no se ha visto modificado desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Julio Alak

De acuerdo a los recientes datos, tras un relevamiento actualizado a agosto pasado, bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) hay 43.791 personas detenidas, de las cuales un total de 40.345 están alojadas en cárceles, 1291 en alcaidías y unas 2155 con arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Y tal como sucede desde hace muchísimos años, según la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), más de la mitad de los presos son procesados con prisión preventiva (22.070 internos), superando a los condenados (20.841), además hay 425 sin siquiera preventiva y hasta 122 sobreseídos.

En su reciente «Informe Anual 2020 – El Sistema de la Crueldad XIV«, se dio cuenta “del panorama de graves problemas estructurales que configuran la situación que atraviesa el sistema penal en la Provincia y todo el sistema de encierro en general. Un panorama crítico, sin dudas, caracterizado por una política criminal que vulnera de manera sistemática y generalizada los derechos humanos de las personas que atrapa”, sostiene la CPM.

Al analizar lo sucedido en el período 2015-2019, en la anterior gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, se registró un “salto cuantitativo récord”, en relación a la cantidad de personas detenidas en el ámbito bonaerense, creciendo a un promedio interanual del 9 por ciento y llegando a tener 51.000 personas privadas de la libertad en cárceles, alcaidías y comisarías. Esto representa una tasa de 294 cada 100.000 habitantes, la más alta del país, ya que se posiciona por encima del promedio nacional (232) y mundial (145). “El aumento del encarcelamiento se manifiesta también en la saturación y desborde de los distintos espacios de detención”, se indicó

Todo el sistema carcelario se sostiene con apenas un 2,5 por ciento del presupuesto provincial y en los 64 establecimientos del SPB hay capacidad para alojar a 20.804 personas y teniendo en cuenta la cifra de presos al último mes de agosto trepa por encima del 100 por ciento. Las unidades penales que alojan mayor cantidad de internos por encima de su capacidad son los de Florencio Varela (201 por ciento) que concentra en todo su complejo al 16 por ciento de la población encarcelada de todo Buenos Aires. Le siguen San Martín (166 por ciento), el denominado Norte (161 por ciento), Magdalena (140 por ciento) y Olmos (135 por ciento

El hacinamiento genera riesgo de vida

Esta sobrepoblación deriva en serios inconvenientes, como ser el hacinamiento, que representa un riesgo para la integridad física de los reclusos. Y en tal sentido, se denunció que “la gestión carcelaria se sostiene en la aplicación sistemática de torturas y malos tratos con distintas intensidades y modalidades. Hay casos de detenidos que son alojados en celdas de aislamiento durante casi dos años o que se pasan reclamando atención sanitaria durante más de un año”.

Torturas y tratos crueles

Durante el 2019, el Registro Nacional de Casos de Torturas y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes reveló 439 víctimas que denunciaron 2358 hechos y eso nos lleva a un promedio de que cada persona padeció cinco episodios atribuibles a situaciones de violencia por parte del personal penitenciario, muchas veces de manera simultánea o extendida en largos períodos de tiempo”, consignó el informe de la CPM.

Además de la deficiencia en la atención sanitaria en general, la cuestión de Salud Mental merece un capítulo aparte. “Hay un escenario es también de extrema gravedad, ya que para todo el SPB hay siete trabajadores sociales, diez psiquiatras y 115 psicólogos, con una demanda potencial de 45.000 personas-pacientes”, se afirmó.

Personas trans, las más perjudicadas

En el contexto de encierro, las mujeres y personas trans “son las más perjudicadas por las condiciones de hacinamiento, aislamiento extremo, violencia sexual, falta de acceso a la salud y discriminación. La tortura se encuentra al servicio del patriarcado”, afirmó el informe, en el que detallan que al 2019, la sobrepoblación carcelaria femenina era del 65,2 por ciento y que, del total de las detenidas, el 58,4 por ciento están procesadas, es decir, sin condena. Y el 36 por ciento de las mujeres alojadas en unidades del SPB son por causas de narcotráfico drogas y también por el delito de Infracción a la Ley de Drogas Nro. 23.737 se encuentran detenidas el 60 por ciento de las trans o travestis.