Un niño debe irse del país en contra de su voluntad, por orden judicial

La jueza Mariana Valentini, a cargo del Juzgado de Familia N°1 de San Isidro, intimó a una madre a presentar, en 15 días, un pasaje para que su hijo viaje a España, donde vive el padre, quien presentó una demanda contra la madre en el marco de un juicio por restitución que ya había sido resuelto a favor de ella hace tres años.

Durante el juicio el niño, de 8 años, manifestó abiertamente su deseo de quedarse en el país, donde vive con la madre desde el 2018. “Lo escucharon, pero nadie le prestó atención”, señaló a Página/12 Eloísa Raya de Vera, abogada de la madre del niño.

N. tiene ocho años, vive en Pilar junto a su madre, y aunque nació en la ciudad de Madrid, todos sus amigos, primos, tíos y abuelos viven en Argentina, algunos en Pilar, otros en la localidad de Olavarría. En 2010 sus padres, V. y M., se mudaron a España. Estaban recién casados y el padre de ella le consiguió trabajo a su yerno, que hacía unos pocos años se había graduado de médico. Ella, en cambio, no pudo homologar su título de arquitecta y tuvo que dedicarse a distintas tareas: hacer y vender aros, sacar fotos, vender ropa en un local. Tres años después nació N., pero la relación había empeorado -él llevaba adelante un tratamiento psiquiátrico por trastornos en la personalidad- y se separaron. Si bien él cumplía con la cuota de dinero para la manutención de su hijo, ya no pasaba tiempo con él y el dinero llegaba tarde, siempre a fin de mes y con malos tratos hacia ella de por medio.

En 2016, después de tres años de encargarse por completo del cuidado de su hijo en un país donde no contaba con el apoyo de la familia ni con un trabajo estable, V. decidió volver a Argentina. Tenía una autorización para venir con su hijo, firmada por un escribano y vigente para quedarse, en principio, por 30 días. Pero apenas llegaron al país, el padre del niño inició un juicio contra ella para demandarle la tenencia del niño y su regreso a España. “De la primer audiencia se lo llevó con lo puesto”, relató un familiar cercano a V. quien, para no alejarse de su hijo, se tuvo que volver a Madrid, donde tuvo que vivir de prestado en departamentos de amigas y amigos que la ayudaron. Ocho meses después, la jueza española a cargo del proceso dictó sentencia a favor de V. y le otorgó la autorización para volver junto a su hijo a su casa en Pilar.

Durante un tiempo N. pudo vivir tranquilo. Empezó la primaria y durante el verano asistió a la colonia en la ciudad de Olavarría, donde viven sus abuelos maternos. “Desde que empezó el juicio él no deja de decir que quiere quedarse en Argentina”, señaló Raya de Vera, y advirtió que “hay una visión tutelar de la Justicia que piensa que el niño no sabe lo que quiere y por eso tienen que decidir por él”.

A N. le tomaron declaraciones y lo analizaron con dos psicólogas, quienes afirmaron que su centro de vida está efectivamente arraigado en Buenos Aires, y que el traslado a España podría tener un fuerte impacto negativo sobre él, y así lo ratificó en su dictamen el fiscal Rodrigo Caro, quien intervino en el proceso. Sin embargo el 23 de septiembre el Juzgado de Familia de San Isidro expidió una resolución “a los fines de llevar a cabo en el plazo más breve posible el regreso” de N. a España, donde el proceso judicial seguiría su curso. Además solicita que V. “se expida respecto la autorización necesaria para el comienzo de la escolaridad de su hijo en Madrid”.

“Tenemos que terminar con este tipo de resoluciones que no tienen en cuenta el interés del niño”, señaló Raya de Vera. Si la Cámara de Apelaciones de San Isidro confirma la sentencia de la jueza, N. se tiene que ir a España a vivir con el padre, a quien no ve hace dos años y con quien no quiere hablar por teléfono desde hace un mes. “El nene está muy mal anímicamente, está enojado y triste”, relató la abogada y señaló que “es una barbaridad lo que dispuso la jueza, en medio de los rebrotes de la covid-19 en Madrid”. En la apelación que presentó solicita la anulación de la medida que obliga a N. a viajar a España, “al menos hasta que mejore la situación sanitaria en ambos países”, explicó la abogada y señaló que en caso de que la Cámara no de lugar a la apelación recurrirán a la Suprema Corte bonaerense, “y no descartamos la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.