Cuáles son los cambios judiciales urgentes para evitar femicidios

Funcionarias y abogadas analizan el laberinto judicial al que se enfrenta una mujer cuando decide denunciar que está en situación de violencia de género, con ausencia de controles a victimarios y sin medidas de protección adecuadas.

Cuando una mujer decide denunciar que está en situación de violencia de género se encuentra en un laberinto judicial, con falta de coordinación entre juzgados e instituciones, con ausencia de controles a victimarios, sin medidas de protección adecuadas, una síntesis de las falencias de la justicia que funcionarias y abogadas analizan en esta nota, donde también proponen opciones de cambio urgentes para evitar femicidios.

En Argentina, una mujer es asesinada en contexto de femicidio, en promedio, cada 30 horas. Por lo tanto, hay hombres que, cada 30 horas, matan mujeres.

Las cifras, son personas. Y el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada esta semana por Matías Ezequiel Martínez (25) en la localidad bonaerense de Rojas, vuelve, una vez mas, a poner en agenda las carencias del sistema judicial cuando se trata de situaciones de violencia de género.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Junín, Sergio Terrón, que investiga el femicidio de Bahillo, lo reconoció ante la prensa el viernes último: «Evidentemente funcionó mal (el sistema judicial) porque si llegamos a este resultado, no podemos defender nada. Con lo que teníamos no alcanzó», dijo.

¿Qué hacer para que alcance?

«Tomarse en serio las experiencias y la palabra de las mujeres», es lo esencial para Raquel Asensio, titular de la comisión de Género de la Defensoría General de la Nación (DGN).

La funcionaria consideró que para que eso ocurra, operadoras y operadores de la justicia «deben capacitarse para evaluar el riesgo en que se encuentran quienes denuncian violencia de género, y que se tomen en serio el deber de adoptar medidas apropiadas de protección».

Y que además de «investigar seriamente» las denuncias se «sancione a los responsables y exista reparación a las víctimas».

Las capacitaciones «en serio» para quienes tienen la responsabilidad de aplicar justicia, es decir, hacer efectiva la amplia legislación sobre prevención y asistencia en violencia de género que hay en el país, es también un reclamo de la abogada Soledad Deza.

La profesional tucumana, presidenta de la fundación Mujeres x Mujeres, enfatizó que la perspectiva de género «es seria, no se incorpora con una charla enlatada. Tiene que haber evaluaciones de competencia e impacto en las sentencias. Es urgente».

Entonces, además de que una mujer cuando llega a la instancia de denuncia se encuentra con que no hay personal capacitado para acompañarla, también comienza a transitar un laberinto judicial, ya que la causa que se inicia tiene dos instancias, una civil y una penal. Y es sólo el principio.

«Es muy difícil atravesar el laberinto de procesos, de instituciones, de formas y procedimientos», aportó Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

«Sin patrocinio jurídico para las mujeres en situación de violencia el acceso a la justicia es poco más que una consigna», agregó, además de destacar que ese proceso «requiere también de tiempos para el fortalecimiento emocional de las mujeres».

Lo mismo opinó Asensio, que pidió «una nueva forma de organización judicial, que permita un abordaje integral del problema. Ahora, está totalmente fragmentado» porque los juzgados de familia» toman medidas de protección, pero los dispositivos preventivos son insuficientes y deficitarios, con nula o escasa vigilancia de su efectividad y acatamiento».

«Y la justicia penal suele archivar, desestimar o minimizar las denuncias por incumplimiento. No se consideran esos incumplimientos como indicadores de incremento del riesgo y no se adoptan medidas de protección más efectivas», explicó la especialista de la DGN.

Fuente Telam.

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