4 de octubre de 2022

Maltrato y acoso laboral en el hospital Lagomaggiore

El diputado Carlos Sosa presentó un pedido de informes al Ministerio de Salud por las masivas denuncias de maltrato y acoso laboral en el hospital Lagomaggiore

Denuncias hechas públicas por un centenar de profesionales y demás trabajadores del hospital Luis Lagomaggiore, de Ciudad, motivaron que el diputado provincial Carlos Sosa (Frente de Todos-PJ) presentara en la Legislatura un pedido de informes dirigido al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia.

El también presidente de la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales expresa en los fundamentos del proyecto de resolución inherente –contenido en el expediente Nº79.424 de la Cámara Baja– que la intención es “conocer la situación laboral existente en el hospital Lagomaggiore, ante la continuidad de reclamos de su personal por maltrato laboral que se ha venido reiterando en forma intermitente entre los años 2019 y 2021”.

Así, pide saber acerca de “la existencia de sumarios o investigaciones administrativas que hayan detectado malos tratos, cambios de turno, recargos de servicio o cualquier otro abuso de autoridad de parte de personal jerárquico a empleados profesionales y no profesionales, entre enero de 2019 y marzo de 2021”.

Además le solicita a la autoridad competente que brinde el “detalle de las áreas de servicio en las que se hayan detectado irregularidades de este tipo, responsables identificados y sanciones aplicadas”.

Y profundiza indagando en los “resultados de la investigación administrativa llevada a cabo en el caso del suicidio del empleado Jorge Martínez, en enero de 2020; eventuales vínculos entre su trágica decisión y su situación laboral, detección de responsables, jerárquicos suspendidos y eventuales sanciones aplicadas”.

Finalmente inquiere sobre la “cantidad de pedidos de licencia por razones psiquiátricas entre el personal, por trimestre, en los años 2019, 2020 y 2021 (primer trimestre)”.

Reclamos por “abierta violencia laboral”

Los reclamos aludidos por el legislador justicialista se refieren a “la ‘abierta violencia laboral’ de parte de directivos de esa institución” que los reclamos identifican como la directora, Roxana Cabrera; la subdirectora de Recursos Humanos, Carla Emani, y los integrantes del Departamento de Enfermería Ángeles Rosario, José Rocha y Nancy López.

Fueron revelados el lunes 22 de febrero por unos 100 empleados del Lagomaggiore mediante una carta dirigida directamente al gobernador Rodolfo Suárez, la Comisión de Derechos y Garantías del Senado, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo, a Subsecretaría de Trabajo, la Oficina de Prevención de Violencia Laboral y autoridades del mismo ministerio en cuestión.

Los firmantes de esa misiva piden el “cese inmediato” de la “impunidad con la que de manera cotidiana se persigue, hostiga, increpa y amenaza al personal”, y manifiestan “padecer acciones que ultrajan nuestro honor, tranquilidad espiritual y vida laboral, configurando una violación a los derechos humanos y laborales”.

Con esto identificaron concretamente la existencia de “maltrato verbal, cambio injustificado de funciones, reasignación en perjuicio de tareas, descuentos infundados de haberes y persecución mediante notas falaces”.

Quejas por el “permanente abuso de poder”

A la vez, en una nota periodística de un portal local, una profesional de ese hospital responsabilizó de los reiterados hechos a “personas que se valen de su posición jerárquica para incurrir en conductas que atentan contra la dignidad, la integridad física, psicológica y social” del personal a cargo.

Y se explayó: “Esta gente hace permanente abuso de poder que lleva a cabo mediante amenazas, intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, acoso psicológico y social. Por eso, en el mismo acto de denuncia hemos pedido el cese de la violencia para con los trabajadores, ya que esto atenta no sólo contra nuestros derechos laborales, sino también contra los derechos humanos”.

Indignación por el suicidio de un trabajador

De todos modos, la situación ya se había visto desbordada 13 meses antes, el 17 de enero del 2020, cuando el prestador de servicios Jorge Martínez, quien se desempeñaba en la Unidad de Terapia Intensiva, puso fin a su vida trágicamente, lo que derivó en una ola de asambleas y protestas del personal, que vinculó la drástica decisión al maltrato laboral y a los continuos cambios de turno y recarga horaria al que era sometido.

En esa ocasión, desde la Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) manifestaron en otra nota periodística de un medio web, “con los cambios de horarios reiterados, (Martínez) perdió sus otros dos trabajos. Hizo reclamos a las autoridades y nunca le respondieron. Sin respuestas, sin solución, deprimido, agobiado por el maltrato laboral, el fin de semana se quitó la vida”.

Seguidamente, el 20 de enero del 2020 (tres días después del suicidio), el subdirector del Lagomaggiore, Jorge Peralta, declaró en televisión que habían abierto una investigación administrativa y que preventivamente habían suspendido a dos jefes de servicios y a la encargada de Enfermería y Terapia Intensiva.

Tres años de “violencia institucional y acoso laboral”

De todos modos, los antecedentes se remontan a seis meses antes, cuando el 4 de julio del 2019 se produjo un reclamo de las técnicas anestesistas del turno mañana del quirófano y desde la Confederación de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA Autónoma) exigieron “el cese de la violencia institucional y el acoso laboral que padecen las compañeras de todo el servicio desde hace dos años. Entre otros avasallamientos, ellas llegan 15 minutos antes del horario dispuesto, pero igual les realizan descuentos de salario”.

Los hechos bajo la lupa sucedieron entre los años 2019 y 2021 a pesar de que, el 2 de setiembre del 2014, las autoridades hospitalarias de ese momento concretaron una jornada de capacitación al personal, precisamente, sobre “violencia laboral y abuso o maltrato emocional”, brindada por reconocidos profesionales de la provincia.

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